La publicación anual del Archivo Nacional de Chile "Derecho a la Memoria" ha coincidido en su cuarto número con la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre del 1973. Es en este contexto que una serie de imperativos éticos adquieren renovada vigencia, interpelado a la sociedad en su conjunto y particularmente a la institucionalidad pública. En la coyuntura del medio siglo, el Archivo Nacional ha debido interrogarse, una vez más, respecto a su rol en tanto custodio de archivos estatales que pueden eventualmente arrojar luz sobre el período de la dictadura.

Los registros de la represión que han llegado a ser transferidos o descubiertos dentro de la cotidianeidad burocrática del Estado por instituciones archivísticas, como el Archivo Nacional u otros archivos de memoria y Derechos Humanos, son muy valiosos. Pero no todos los documentos de la represión que deberían estar accesibles para la sociedad han llegado a nosotros/as; así, se han generado silencios documentales que, en definitiva, son un cómplice más para la impunidad. Los archivos, en cuanto evidencia documentada del poder y la autoridad ejercida sobre los/as ciudadanos, pueden ser ocultados o fácilmente destruidos para esconder aquellas actuaciones reñidas con el respeto a los Derechos Humanos o los crímenes de lesa humanidad.

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