El material de este especial comprende 14 entrevistas realizadas en el marco de la investigación Revitalización sindical y asalariados precarizados en un contexto neoliberal, a cargo del historiador Franck Gaudichaud quien las donó al archivo de Memorias del siglo XX para su difusión.

Los testimonios tienen gran interés para la investigación histórica del presente y para la memoria del pasado reciente ya que se refieren a episodios poco conocidos que contribuyen a llenar un vacío sobre un sector social gravitante: “los que movemos la economía de este país” en palabras de Moisés Cid, presidente del sindicato de embaladores de Talcahuano; “un eslabón fundamental en la cadena de exportación e importación” según el dirigente de San Vicente, Sergio Parra. En esa cadena, se embarca cobre, pellet de hierro, frutas, recursos forestales, y se desembarca maíz, trigo, soya, maquinarias, automóviles, entre muchos otros productos.

En sus relatos, las personas entrevistadas dan cuenta de diversos procesos de organización y lucha sindical, desarrollados con posterioridad al término de la dictadura, en el contexto de las transformaciones que profundizaron la apertura de Chile a los mercados externos, el consiguiente aumento de la carga y la privatización de los puertos.

Más allá de los conflictos y las diferencias entre distintos tipos de trabajadores, el gremio se caracteriza por una fuerte identidad y unidad forjadas en riesgosas y precarias condiciones de trabajo a través de una larga tradición. La mayoría de ellos son “eventuales”, quienes, a diferencia de los “contratados”, carecen de contrato fijo, no reciben un sueldo base y laboran cumpliendo turnos.

“La nombrada” y la organización sindical

En algunos puertos, la forma en que se establece la relación laboral está basada en la nombrada, una particular práctica a través de la cual el sindicato gestiona y administra la contratación, mediando entre el trabajador y la empresa. A pesar de que no está reconocida en ninguna ley y es más bien una práctica extralegal, una tradición histórica de largo alcance, la nombrada ha dotado a la organización de autonomía y cohesión, como es el caso del sindicato de estibadores de San Vicente, constituyendo además un poderoso instrumento de presión en contextos de negociación colectiva.

Esta realidad “va generando este sentido de que yo no pertenezco a la empresa, yo pertenezco a mi sindicato (…) y eso es una tradición que viene del siglo XIX, principios del siglo XX, y ya es una cultura que muchos han querido destruir, precisamente por eso”, señala Gonzalo Díaz, asesor de la Unión Portuaria del Bío Bío.

La Unión Portuaria y sus regionales conforman una coordinación general con asiento territorial, constituyen “una organización de hecho, no tiene personalidad jurídica, es bastante horizontal, porque las decisiones de la Unión Portuaria las toma un consejo ampliado, que es una asamblea de dirigentes de sindicatos bases (…). Y creo que desde ahí nacen los triunfos que se han conseguido. Y creo que eso es lo que marca un poco la diferencia, en el hecho de ser una asamblea democrática, que nadie se arranca con los tarros”, afirma Marcos Cárdenas, obrero del puerto de Talcahuano y dirigente del sindicato de estibadores de San Vicente, marcando la diferencia con el “sindicalismo tradicional”.

En ese mismo sentido, Luis Neira, presidente del Sindicato Muellaje N° 2 de San Vicente, apuesta “por lo territorial y no por lo nacional; porque es muy centralista, este país. Además, es centralista, entonces no podemos seguir la misma lógica. Eso ha marcado bastante la diferencia en la forma que se desarrolla, actúa, la Unión Portuaria del Biobío”, instancia que tiene presencia en las comunas de Talcahuano, Coronel y Lirquén, donde sus miembros toman sus decisiones de forma autónoma.

Objetivos y demandas

Entre los principales objetivos de la UPCH están la mejora de las condiciones laborales y de seguridad, el aumento de las tarifas, el derecho a la negociación colectiva, a la salud y a una previsión digna. Dichas reivindicaciones han sido demandadas a las empresas y al Estado a través de procesos de negociación y de formas de colegislación en el Congreso, pero también han sido exigidas mediante la movilización. Es el caso de los prolongados y masivos paros de los años 1999 y 2000 que contaron con la participación de los principales puertos; y los paros nacionales convocados en 2012, 2013 y 2014, por una nueva reforma laboral. La última gran paralización fue organizada en 2015, en conjunto con los trabajadores subcontratados del cobre, forestales, de la construcción y el montaje, y con organizaciones sociales como la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el movimiento de pobladores UKAMAU.

En cuanto a la necesidad de una nueva y profunda reforma laboral, la abogada y asesora sindical Margarita Peña, afirma que es una tarea pendiente: “el Código del Trabajo se ha flexibilizado enormemente en todo lo que es materia de contratación individual, y se mantiene completamente rígido en todo lo que es derecho colectivo”. Por eso, para la materialización de las demandas gremiales es necesario “invertir la lógica del Código, en el sentido de que exista real protección cuando el trabajador está enfrentado a un contrato laboral y a que exista plena libertad sindical. En Chile no existe plena libertad sindical, está sobre regulada la constitución de sindicatos, está sobre regulada la huelga y la negociación colectiva”.

Los portuarios valoran el rol de articulación que han tenido en los conflictos recientes porque también lo reconocen en su propia trayectoria histórica. Según Moisés Cid, de Talcahuano, ellos han estado presentes en los grandes procesos de cambio, desde la Colonia, pasando por los primeros sindicatos de jornaleros de playa. Por eso, y porque “pueden parar la economía de este país”, Cid afirma que tienen una gran responsabilidad en la unidad del mundo sindical, a diferencia de otros actores que se encuentran todavía muy dispersos.